sábado, 21 de agosto de 2010

DE CÓMO LA OLIGARQUÍA MANIPULA LA CAMPAÑA ELECTORAL MUNICIPAL DEL 2010. LA NUEVA SANTA ALIANZA


DE CÓMO LA OLIGARQUÍA MANIPULA LA CAMPAÑA ELECTORAL MUNICIPAL DEL 2010. LA NUEVA SANTA ALIANZA.
Por IVÁN ORÉ CHÁVEZ
http://ivanorech.blogspot.com

Hoy día 16 de agosto del 2010, a las 23.43 horas, el señor Jaime Bayly Letts, mencionó en su programa información sobre Lourdes Flores Nano respecto a unas inexactitudes que ella habría dicho sobre su patrocinio ante el General Salazar Monroe, jefe del SIN en la era fujimontesinista.

Este dato me habría pasado por inadvertido si no fuera porque Bayly alega que su informante es un miembro principal del comando de Campaña de la candidatura de la misma Lourdes Flores Nano y que le habría entregado dicha información por correo electrónico.

A simple vista es sólo un dato más, pero en realidad lo que Bayly desvela, algo que la gran mayoría no entenderá, es decir el modo como se manipula la información, es la existencia de una red oligárquica unida por lazos sanguíneos, clientelares y negociales, y el rol que actualmente cumple el Francotirador es el de Director de esta Campaña Electoral, su función es ensayar hasta qué punto puede manipularse a la opinión pública sin que esta perciba los intereses concretos que se esconden tras estas estratagemas.

En verdad Jaime Bayly es miembros de la casta oligárquica peruana, esa enredada telaraña de clanes que se cruzan endogámicamente unas con otras en tejidos carnales que al final terminan reforzados por lazos clientelares y hasta un casi oscurecido “espíritu de casta” pues no cabe hablar aquí de conciencia de clase, debido a que la oligarquía es una agrupación amorfa y anacrónica que se reinventa con cada nuevo tiempo que transcurre.

Empecemos por un lazo con el hombre más poderoso del Perú, Dionisio Romero, estos no siempre son directos, sino se dan a través de otras personas, son tantos los miembros de la casta (entre 1800 a 2000) que es imposible que todos se conozcan. En efecto el tío carnal de Jaime Bayly, Walter Bayly Llona es un hombre de Dionisio Romero Seminario, pues según la MEMORIA ANUAL 2007 de la TITULIZADORA PERUANA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. se unió al Banco de Crédito, la empresa financiera del clan Romero, a partir de 1993, representando a este Banco como su Gerente General (desde marzo de 2008) ante el COMITÉ EJECUTIVO DEL DIRECTORIO según consta en la Memoria Anual del 2009 de la ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ, además es Director de la aseguradora de los Romero, nos referimos a EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, también es Vicepresidente del Directorio de Prima AFP, la Administradora de fondos de Pensiones de los Romero (puede que ya sea el Presidente), según se consta del PROSPECTO INFORMATIVO GLOBAL de esta última empresa.

Pero las coincidencias no se acaban aquí, podemos calificarlas de factorialmente inagotables.
Aquí unos ejemplos:

La hermana de Carlos Neuhaus Tudela (hijo de Carlos Neuhaus Rizo Patrón) casa con Jaime José Duran Palacios, hijos de Amelia Palacios Moreyra, la abuela de Rosa María Palacios McBride, por suerte nos alcanzó espacio para colocar esta familiaridad (es por ello que los respectivos casilleros no se hayan encuadrados en el grafico)y debemos dar a conocer que existen muchas más parentelas mas dentro del gráfico mostrado pero por motivos de espacio los hemos omitido, por ello difícilmente se puede calificar este inusual fenómeno, como una “extraña coincidencia”.

A la vez el tío de Rosa María Palacios, Francisco Palacios Moreyra es director de Cemento Andino SA, empresa de los Rizo Patrón, vuélvase a notar la cercanía entre estas familias asociadas por lazos negociales y familiares, es decir una verdadera oligarquía acaparadora de la riqueza. ¿Qué paso con la democracia? Francisco Palacios que se volvió políticamente famoso cuando paga la compra del video Kouri-Montesinos, para Fernando Olivera Vega del FIM, un ex emparentado de estos clanes –Olivera después se re-emparento con otro clan, el de los Miro Quesada que a la vez también se hallan emparentados por los Wiese. Todo en familia.

Pero mejor enfoquémonos en el tema de coyuntura ¿A QUÉ SE DEBE QUE JAIME BAYLY SEA DE FACTO EL ACTUAL DIRECTOR DE ORQUESTA DE LA CAMPAÑA ELECTORAL? Como podemos presenciar, estos grupos recién a estas alturas destapan los trapos sucios de los candidatos que ya no necesitan ¿Por qué no lo hicieron en su momento? ¿Acaso recién se han enterado? ¿O sólo sacan a la luz esta información que actualmente nos bombardea la prensa cuando les parece particularmente conveniente para ellos?

Para entender la situación actual debemos entender que se está perfilando el poder oligárquico chileno en el Perú y sus principales aliados son miembros de la oligarquía peruana:

1. MIRO QUESADA: Por eso vemos a la facción de Rodríguez Larraín en colaboración con los MIRO QUESADA estar relacionados a la inversión chilena en LAN CHILE, más conocido como LAN PERÚ. El Grafico Titulado “LANCHILE Y LOS OLIGARCAS” ilustra bien esta situación (http://es.oocities.com/politicajuridica3/LANCHILE.ppt) esperamos no sea borrado de la web al igual que el interesante blog “Ley y Poder” http://leyypoder.blogspot.com/2007/12/lan-chile-y-oligarcas-parte-i.html

2. WIESE: Además como hemos visto en nuestro artículo PUERTOS, CANDIDATOS Y DESPERUANIZACIÓN DEL PERÚ (http://ivanorech.blogspot.com/ de Google. Se trata de una captura de pantalla de la página tal como esta se mostraba el 31 Jul 2010 00:15:06 GMT) el clan Wiese también comparte sociedad con la oligarquía chilena interesada en los puertos peruanos, rol en la que PPK ha termino un protagonismo que no se puede obviar. Debemos entender que en esta sociedad, los Wiese son administradores que dan la imagen de “peruanidad” mientras recogen sus ganancias de utilidades minoritarias que les dan los chilenos. Una de las empresas es Petrolera Transoceánica que les da el control de todo el petróleo necesario para abastecer al Perú.

3. ROMERO. La otra rama oligárquica lo representa el Grupo Romero, en efecto el 2004 Romero Trading se asocia con ENAP de Chile y compra las estaciones de Shell Perú. La empresa cambia de nombre a Distribuidora Petrox. Desde el año 2005 se denomina Primax S.A. y tiene el liderazgo en el abastecimiento de combustibles. Además por medio de la empresa Terminal Internacional del Sur SA. el Grupo Romero administra el puerto de Matarani, en Arequipa. Este puerto es el segundo más importante del litoral peruano (moviliza todo el comercio de la macroregión sur y recibe gran parte de los productos bolivianos que salen al Pacífico) y compite de igual a igual con sus pares chilenos en Arica, Antofagasta e Iquique.

Petróleo, abastecimiento de energía, control desde el aire, posiciones de dominio en el abastecimiento de combustibles ¿ES COINCIDENCIA O RESPONDE A UN PLAN DETALLADO? Nuestra hipótesis en base a los datos recopilados es la siguiente:

UNA VEZ FORTALECIDOS LOS LAZOS ENTRE LA OLIGARQUÍA PERUANA COMO SUBORDINADA EN UNOS CASOS (CLAN WIESE Y UNA RAMA DE MIRO QUESADA) O COMO IGUALES PARES EN OTROS (GRUPO ROMERO) procede la manipulación del electorado para colocar candidatos propios del agrado de la nueva Alianza, que garanticen la estabilidad de las inversiones y confiabilidad de los inversionistas.
Veamos el panorama electoral:

1. LOURDES CELMIRA ROSARIO FLORES NANO candidata de los ricos, no ha ganado una elección dese que decidió ser el instrumento de los grupos dominantes en el 2001, una década perdida en campañas frustradas, es lógico que aunque un Neuhaus siga en su campaña, esto puede interpretarse como una forma de mantener informado al clan y seguir teniendo control sobre su candidata. El hecho está en que al decidir la doctora Flores ser la abogada de un emergente que puede hacer fuerte competencia a las clases de poder, empezó a desviarse del camino y por lo tanto su interés por la contraprestación dineraria de Cataño acabo haciendo ver a la casta la debilidad de Lourdes Flores por el metálico y haciéndoles entender que no puede ser una carta confiable políticamente. Fue sencillo investigar a Cataño y dejarlo fuera del mercado y quizá de las calles, no había nada que inventar respecto a él ¿A dónde fue la plata de Cataño? Claro que a los bolsillos de Lourdes su abogada patrocinante, el millón no fue a parar a la casta.

2. OSCAR LUIS CASTAÑEDA LOSSIO candidato de una agrupación política desgajada de la derecha Alianza Unidad Nacional-PPC-Solidaridad, ya disuelta, para ampliar el “abanico electoral” es pariente por afinidad de los clanes tal como lo vemos en este gráfico adjunto. Sin embargo el Municipio Metropolitano bajo su dirección realizó negocios con Comunicore empresa que fue dirigida formalmente por su sobrino político Pinillos Broggi, casado con su sobrina carnal la señora Belaúnde Lossio hermana del financista del partido de Ollanta Humala, los Humala son nuevos mestizos emergentes socialmente gracias a la política ¿A dónde fue la plata de 15 millones de soles? Eso está en investigación pues como se sabe el municipio mandado por Castañeda no acepto pagar la deuda a Relima al cash cambiando de opinión cuando Comunicore compra a esta última la deuda por la mitad de su valor, es entonces que Castañeda decide pagar todo en un solo acto ¿más coincidencias en la política peruana? Acto seguido se contrata gente pobre de Comas se les coloca como miembros del Directorio, se cobra en partes todo el dinero reclutando para ello mas gente de las zonas marginales y se elimina todo rastro de la empresa. Quizá aquí haya gente reacia a compartir con el poder de facto en el Perú y por ello dejen de ser del agrado del régimen.

3. ALEXANDER MARTIN KOURI BUMACHAR perteneció a la derecha del PPC como congresista, ahora candidato ya tachado en espera de la respuesta a su apelación. Su clan está relacionado con negocios del paje en la vía expresa más corta del mundo, la de la avenida Faucett, donde gano la adjudicación la empresa de su suegro junto a su abogado personal, el negocio es millonario. Para más información puede verse la columna de opinión “Amigo de García” escrito por César Hildebrandt en La Primera diario Publicado el 29 de octubre del 2009, página 4. (http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/amigo-de-garcia_49291.html de Google. Se trata de una captura de pantalla de la página tal como esta se mostraba el 7 Ago 2010 08:00:21 GMT) no hay rastros o indicios de que esta millonaria faena haya sido compartida, pues en esta no se halla relación con la empresa prístina de los Kouri, me refiero a PACKPLAST S.R.LTDA ha tenido por gerente general primero a Williams Antonio Pedro Kouri Bumachar y durante el actual periodo 2009 a siguientes a RICARDO ALFONSO VALDEZ LEANDRO, nada menos que un hombre Wiese de esos tiempos, pues también ha sido Director Titular de EMPRESA SIDERURGICA DEL PERÚ S.A.A. empresa de los Wiese antes de que estos la perdieran igual que Banco, hace sólo un par de años según puede verse de la MEMORIA ANUAL DEL 2006 de dicha empresa. Aunque debemos realizar una acotación, en la actualidad es el contacto de la empresa NORTHERN PERUVIAN MINING S.A.C una empresa de la cual disponemos de poca información, pero sospechamos que tiene intereses en la frontera con Ecuador en la zona del Baguazo. Los tiempos cambian en estas esferas.

Podemos ver como estas piezas de la oligarquía peruana se han desviado de la línea, la ambición los ha incentivado a crear sus propias esferas de poder desconociendo el mando tradicional de la casta dominante. Esto por supuesto no es una garantía de estabilidad y confianza para la oligarquía chilena. Es por ello que han procedido a una campaña de demolición contra sus piezas de ajedrez que han decidió operar fuera del tablero. Si desean la confianza del poder chileno deben de demostrar al nuevo amo que son capaces de poner orden en casa y así evitar la influencia directa de los vecinos del sur. Su rol como oligarquía peruana es demostrar su eficiencia como administradores del Perú en nombre de la oligarquía chilena. Para ello necesitan “gente de confianza” y que mejor que su prima hermana de los Wiese, la señora SUSANA VILLARÁN DE LA PUENTE, es de izquierda, no es comunista, pertenece a los círculos sociales de la oligarquía, es pariente cercana de los jefes de clan, con una buena campaña resulta “popularmente aceptable” y será la mejor garantía de “estabilidad” para el socio chileno.

Esta es una forma de demostrarles que también pueden hacer los mismos con los Presidentes de la Republica en las próximas elecciones cercanas, donde tenemos a Jaime Bayly, el cual entre seriedad y broma tantea su candidatura, y al autoproclamado candidato Pedro Pablo Kuczynski el cual como hemos visto en el ya mencionado artículo PUERTOS, CANDIDATOS Y DESPERUANIZACIÓN DEL PERÚ tiene nexos tanto con la oligarquía chilena como con el clan Wiese.

La estrategia consiste en desempolvar los fólderes de cada candidato a quien la casta ha retirado su confianza y empezar su respectiva campaña de demolición lo cual no resulta difícil dada la base de las imputaciones, para al final utilizar a Bayly para hacer campaña a favor de VILLARÁN, si la casta logra demostrar que puede dirigir la campaña y poner alcaldes manipulando el voto popular habrá demostrado a la oligarquía chilena – más poderosa que ella- que tiene una razón de ser y un rol importante dentro de la política interna del país, por lo que también merece una tajada de las inversiones. Para ello cuentan con Jaime Bayly y con sus emparentados Jaime de Althaus y Rosa María Palacios para que sirvan de refuerzo al primero. Esta es nuestra hipótesis.

Podemos decir que la oligarquía peruana se está jugando lo poco de orgullo que le queda cuando se aventuró con Fujimori a comprar el país, y después ante su incapacidad tener que venderlo o entregarlo para que pase a manos extranjeras. Sólo en las semanas que vienen podemos presenciar que tan bien o que tan mal ha salido el nuevo plan de la oligarquía peruana y si los tiempos avizoran la llegada de nuevos amos venidos del sur.

Lima, Agosto de 2010


viernes, 2 de julio de 2010

ABOGADOS, MERCACHIFLES Y MONOPOLIOS

SOBRE ABOGADOS, MERCACHIFLES Y MONOPOLIOS:
EDUCACIÓN LEGAL Y LIBRE COMPETENCIA: RESPUESTA A PÁSARA

Por: Alfredo Bullard (*)


Mis coleguitas abogados merecen, lamentablemente, la fama que se han ganado. Pocas actividades económicas hacen tantos esfuerzos por crear barreras de acceso y privilegios que protejan su mercado y sus ingresos. Regímenes de colegiatura obligatoria, donde la entrada al mercado está regentada por los propios competidores (a través de colegios de abogados, así, como merecen escribirse, con minúsculas), sin ofrecer ningún beneficio adicional: no hay auténtico control ético, ni información útil, ni nada que ayude a los usuarios a escoger mejor o a saber qué es lo que se contrata cuando contratan un abogado. Además establecen en sus códigos de ética tarifas mínimas de honorarios, en un cartel cuyo desparpajo para violar las normas de libre competencia es sólo superado por su ineficacia. Tienen normas que prohíben la publicidad de servicios legales, para asegurar que los consumidores queden sumidos en la ignorancia sobre cuáles son sus opciones. Pocas actividades son tan representativas del mercantilismo, esa visión de valerse de la ley para parcelar el mercado en contra de los consumidores.

Hoy están a punto de lograr su éxito máximo. Además de la propuesta dirigida a prohibir la creación de facultades de derecho, reduciendo los incentivos a la innovación y la presión competitiva para la mejora y aparición de servicios que atiendan a segmentos distintos, han conseguido que se venga cocinando una reforma legal aún más absurda y brutal (en las dos acepciones de la palabra, es decir de manera violenta e ignorante): que se prohíba más ingresos de estudiantes a las facultades de Derecho por dos años. Dicha propuesta presentada (vaya sorpresa) por el propio Colegio de Abogados, se pasea muy campante, cómoda y con visos de ser aprobada como Ley, por la Comisión de Educación del Congreso (presidida por Werner Cabrejos Campos). Lo único que se persigue en realidad (bajo la excusa de conseguir una supuesta mejor calidad de abogados) es reducir artificialmente el número de abogados para proteger el negocio de los mismos. Lo demás es puro cuento.

No voy a hablar de la evidente inconstitucionalidad de la medida, que pretende limitar no sólo la libertad de iniciativa privada, la autonomía universitaria y, lo que es peor, las legítimas aspiraciones de quienes tengan una auténtica vocación por el Derecho, expropiándoles el derecho a su realización personal, obligándolos a estudiar cualquier otra cosa. Les dejo eso a los constitucionalistas y a los expertos en derechos humanos que espero, esta vez, reaccionen con el mismo furor y energía con el que reaccionan frente a otras violaciones semejantes.

Voy a referirme, por el contrario, a los serios errores y a la pobreza conceptual de las posiciones que han dado origen a tremendo despropósito.

Hace sólo unos días, LUIS PÁSARA publicó en este blog un artículo titulado “LA FÁBULA DEL MERCADO Y LA LEY” en el que adopta una posición francamente contradictoria. El post comienza así:

“Había una vez un país en el que una ley universitaria, a la par que establecía la autonomía de cada institución para gobernarse, disponía ciertos procedimientos para crear universidades y facultades dentro de ellas. Pero ese país cayó, un mal día, en manos de mercachifles, vendedores de todo tipo de baratijas, pero también de ideas.

Los mercachifles –que no vendían ideas propias sino importadas– lograron hacer creer que todos los problemas del país se solucionarían mediante el libre mercado, cuanto más libre mejor. De modo que se llegó a creer que toda regulación o límite impuestos por el Estado era perjudicial para el país. Cuanto menos interviniera el Estado, mejor, se machacó. La mejor ley es la que no existe, se atrevieron a decir algunos”.

Luego el texto del post achaca a los llamados “MERCACHIFLES” la situación actual de la educación legal en el Perú, y en particular se la achaca a lo que denomina las “UNIVERSIDADES EMPRESA” (creadas por los mercachifles), es decir las que funcionan guiadas por el ánimo de lucro, por el objetivo de ganar dinero, y que a su criterio son las responsables de la CORRUPCIÓN JUDICIAL, la BAJA CALIDAD DE LOS ABOGADOS y todos los males del funcionamiento del Derecho en el Perú.

Y la “FÁBULA” termina con una crítica a lo mismo que criticamos en este post: la propuesta de PROHIBIR EL INGRESO DE MÁS ALUMNOS PARA ESTUDIAR DERECHO. Dice PÁSARA:

“No, una LEY PARA LIMITAR EL INGRESO DE MÁS COMPETIDORES A LA PROFESIÓN. La pita se rompe por lo más delgado. No más estudiantes de derecho, por unos años, y la oferta profesional se contendrá. Así, no se enmienda el gravísimo problema de tener miles de abogados que no son tales. Simplemente, por un tiempo, no habrá más abogados.

El servicio profesional no habrá mejorado pero sí se habrá concluido con la amenaza que, a los abogados existentes, plantea un mayor número de competidores. Ésa es la ley que busca, muy tardía e insuficientemente, enmendar los efectos indeseados del mercado”.

Pero PÁSARA no menciona en su FÁBULA a un personaje muy importante, central en el origen de la propuesta de los “ABOGADOS MERCACHIFLES”: el propio señor Pásara. Hace ya seis años PÁSARA, por encargo del Ministerio de Justicia, preparó un informe titulado “LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN EL PERÚ: SU IMPACTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”. En ese informe, con más texto pero con los mismos errores del post que citamos, se parte de un diagnóstico parecido: todo es causa de las UNIVERSIDADES EMPRESA, y de la LIBRE INICIATIVA EN LA EDUCACIÓN. Sobre la base de ese informe es que el Colegio de Abogados formuló su propuesta (entusiastamente apoyada por su autor, ver artículo publicado en Perú 21 http://peru21.pe/impresa/noticia/parar-fabrica/2008-09-27/225818) que hoy ha evolucionado hacia la pretendida PROHIBICIÓN DE INGRESO DE MÁS ESTUDIANTES A LAS FACULTADES DE DERECHO.
PÁSARA es, como el DR. FRANKENSTEIN, el inventor de la “criatura”. La diferencia es que en la novela de Mary Shelley, cuando la criatura se sale de control y se convierte en el monstruo, el Dr. Frankestein se arrepiente de su creación. Pero en el caso de la propuesta del Colegio de Abogados, Pásara se indigna con su monstruo y culpa a otros del desvarío de su creación.

Es interesante saber que el INFORME PÁSARA se financió con DINERO de los “MERCACHIFLES”. Por lo pronto, el Estudio del que formo parte entregó US $ 1,000 (en un acto que hasta ahora lamentamos) para financiar, junto con otros estudios de abogados, el referido informe. Efectivamente (como correspondía) Pásara cobró por su informe, lucró con su trabajo (como también corresponde), sin que podamos criticarlo por esa razón. Lo curioso es que él sí critica a los promueven la ENSEÑANZA UNIVERSITARIA con el afán de GANAR DINERO.

Sería largo y tedioso recorrer todos y cada uno de los errores e imprecisiones del referido informe. Bastaría decir que de su desarrollo y contenido no se derivan sus conclusiones. El informe supuestamente trata de encontrar como una de las causas de los PROBLEMAS DE CORRUPCIÓN y BAJA CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA los PROBLEMAS DE ENSEÑANZA DEL DERECHO en las universidades, y repite, con la constancia y fe dogmática de una letanía, que las UNIVERSIDADES EMPRESA son la CAUSA PRINCIPAL DEL PROBLEMA. Pero la inconsistencia es tal que el propio informe reconoce que las UNIVERSIDADES EMPRESA aún no habían colocado jueces en el sistema, dado el poco tiempo transcurrido de la entrada en vigencia del DECRETO LEGISLATIVO 882, cuya promulgación es la MADRE DE TODOS LOS MALES. Por ello no se entiende cómo las UNIVERSIDADES EMPRESA pueden ser culpables de la situación de un Poder Judicial en el que no han participado sus egresados. Más o menos como culpar a Abimael Guzmán de la derrota en la guerra con Chile.

De hecho, el número de abogados egresados de esas universidades no podría explicar un problema cuyo origen, todos sabemos, proviene de muchísimo antes, cuando las universidades eran creadas por el SISTEMA ESTATISTA que defiende el autor del informe. La CORRUPCIÓN y la BAJA CALIDAD DE LA JUSTICIA anteceden por años al DECRETO LEGISLATIVO 882.

A ello se suma un serio error conceptual, muy común en las TESIS ANTI-MERCADO formuladas por quienes no comprenden cómo funciona el mercado. La posición del informe (quizás sin advertirlo) es que la oferta genera su propia demanda. Según este razonamiento, la EDUCACIÓN LEGAL ES MALA porque se ofrece MALA EDUCACIÓN LEGAL. Pero en Economía I se aprende que es la demanda la que genera su propia oferta. LA EDUCACIÓN LEGAL SERÁ MALA SI EXISTE UNA DEMANDA POR MALA EDUCACIÓN. Y mejorará según la demanda comience a exigir una educación mejor. Un sistema en el que campea la corrupción para obtener resultados en juicios y procesos, en los que conocer las reglas no es tan importante como saber manipularlas, en las que ir a trabajar al Poder Judicial no es motivado por una remuneración atractiva y tienen un efecto reputacional negativo (ser juez no es tan bien visto), y, sobre todo, donde la demanda es pobre por los bajos niveles de ingreso de la población, generará una oferta de baja calidad. Es precisamente al revés del diagnóstico de Pásara. La demostración del error es que, como el propio informe lo reconoce, existe un segmento de servicios legales en el Perú, demandado por el sector moderno de la economía, que tiene un excelente nivel de calidad y que es atendido principalmente por los estudios de abogados más reconocidos. La CALIDAD de esa DEMANDA genera una OFERTA de mejor CALIDAD.

Nada se resolverá tratando de REGULAR LA OFERTA SIN CAMBIAR LAS CONDICIONES DE LA DEMANDA. Si se hiciera una verdadera reforma judicial que atrajera al tercio superior de los mejores estudiantes, la oferta de educación cambiaría para cubrir esa nueva calidad de jueces exigida por el sistema. Si la CORRUPCIÓN y la MANIPULACIÓN DEL SISTEMA no fuera la causa del éxito en los juicios, entonces la capacitación jurídica y de destrezas legales de los abogados sería más apreciada y la oferta cambiaría. Si los niveles de ingresos de la población mejoraran (como ha venido ocurriendo en los últimos años en buena parte gracias a la apertura económica y la iniciativa privada de la que se despotrica en el informe) la CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA mejoraría impulsada por una DEMANDA DE MEJOR CALIDAD.

El error de querer resolver estos problemas por medio de REGULACIÓN DE LA OFERTA es recurrente no sólo en el mercado de la educación legal. Los problemas que anota Pásara (segmentos de baja calidad de oferta) pueden ser diagnosticados en casi todos los mercados en nuestro país: alimentos, vestido, servicios públicos, entretenimiento, etc., etc., etc. Los intentos de cambiar las cosas mediante regulaciones de calidad, restricciones de oferta, controles de precios y similares fracasan porque el problema de las condiciones de demanda se mantienen invariables así se cambien por mano dura estatal las condiciones de oferta. El resultado será el fracaso de la regulación y la informalidad. La propuesta de Pásara no difiere de la lógica que creó esperpentos como la leche ENCI, el arroz de ECASA o el servicio telefónico de la antigua CPT.

La indignación del DR. FRANKENSTEIN contra su criatura es por eso contradictoria, diría que hasta esquizofrénica. PÁSARA cree que el problema se resuelve REGULANDO LA OFERTA, y más claramente RESTRINGIÉNDOLA: MENOS EDUCACIÓN LEGAL ES SINÓNIMO DE MEJOR EDUCACIÓN LEGAL. Más controles conseguirán que las cosas mejoren, porque habrá menos universidades malas. Habría que preguntarle por qué la regulación del Estado no generará menos educación legal y de peor calidad. ¿Por qué confiar en el ESTADO y en el BURÓCRATA de turno para saber qué ABOGADO es BUENO para nuestro MERCADO? Poner al gato de despensero nunca ha sido una fórmula muy sabia.

Hay un problema importante, no abordado en ninguna parte del informe y es el de la INFORMACIÓN A LOS USUARIOS (ESTUDIANTES) SOBRE EL VALOR DE LA EDUCACIÓN QUE RECIBEN. Los mercados son imperfectos, pero el tipo de correcciones que se proponen nos conduce a regulaciones imperfectas. En los países donde la EDUCACIÓN LEGAL es de mayor calidad (por ejemplo, Estados Unidos) los postulantes tienen información en estudios, disponibles públicamente, de dónde son contratados y cuánto ganarán los egresados de las diversas universidades. Ello convierte a la DEMANDA en un excelente REGULADOR de la OFERTA porque transparenta la COMPETENCIA y mejora la “ASERTIVIDAD” de las DECISIONES de los CONSUMIDORES. La próxima vez que alguien pida a mi oficina US $ 1,000 (o cualquier cantidad parecida) para un estudio que mejore la educación legal en el país, me aseguraré de que sea un estudio es este tipo, y no uno inconducente que sólo nos lleva a proponer regulaciones que agravarán la situación.

El resultado del informe Pásara no es casual, y proviene de la metodología (o falta de ella) seguida en su elaboración. Para muestra algunos botones:

La METODOLOGÍA se basó en ENTREVISTAS, no en ESTUDIOS EMPÍRICOS ajustados a una metodología aceptada y adecuada. Sólo se le pregunta a un grupo de personas (cuya representatividad aparece oculta por el anonimato de los entrevistados) sobre una serie de temas y luego se incluyen citas inconexas convenientemente entralazadas, pero sin mucho rigor científico. Es sólo una especia de FOCUS GROUP. Pero cualquiera sabe que no se pueden derivar propuestas serias de política pública basada sólo en percepciones. Es casi como usar una encuesta de intención de voto para saber cuál es el modelo de gobierno más conveniente.

Como consecuencia de lo anterior, más que un estudio científico, el informe parece un largo ANECDOTARIO DE ENTREVISTAS Y FRASES que relatan cosas curiosas, sin ninguna referencia a lo significativo o no del comentario y de cómo se sustenta su significancia o insignificancia.

Es notoria la selección conveniente de las citas. Por ejemplo, es un hecho que Pásara me entrevistó, y que yo expresé posiciones discrepantes en muchos aspectos. No he podido reconocer una sola cita de dicha entrevista ni de nadie que haya dicho algo que no abunde a favor de la posición del informe.

La poca data existente (distinta al anecdotario de las entrevistas) no está correlacionada de ninguna manera con las conclusiones. No hay correlaciones estadísticas, cálculos econométricos, o simplemente correlaciones lógicas que expliquen el ímpetu contra la UNIVERSIDAD EMPRESA ni contra la libre iniciativa en la educación expresado en el informe. En ninguna parte se comparan resultados en ningún ámbito entre los egresados de las UNIVERSIDADES EMPRESA y de las que no lo son. En otras palabras, no hay ningún análisis que muestre que la data (por lo demás pobre y tomada generalmente de otras fuentes que no se orientan a los objetivos del estudio) está causalmente vinculada a lo que se quiere demostrar. No es que se hayan hecho mal las correlaciones. Simplemente no hay correlaciones de ningún tipo.

Incluso la data que se cita no tiene ningún referente que permita saber por qué la información recogida es buena o mala.. Por ejemplo, se menciona el número de alumnos por clase, dando la impresión de que son demasiados, pero sin usar ningún parámetro que permita saber por qué. Muchas universidades muy prestigiosas del extranjero tienen números muy superiores de alumnos por clase.

En conclusión, es claro para el autor de este post que las conclusiones del informe existían antes de realizado el estudio. El texto es sólo la CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA muy de antemano por su autor.

Cabe preguntarse por qué personas inteligentes y bien formadas, en especial con inclinación a lo académico (como lo es Pásara) suelen ser contrarios al MERCADO y a la LIBRE INICIATIVA PRIVADA. No es extraño encontrar en los académicos, en los científicos y en los artistas una tendencia contraria al mercado. ROBERT NOZICK ensaya una respuesta. Dice que se trata de personas que usualmente destacaron durante sus estudios escolares y universitarios. El ÉXITO estaba determinado por las NOTAS y las CALIFICACIONES de sus PROFESORES. El mejor de la clase suele ser el más inteligente y estudioso. En esa atmósfera sus virtudes le daban un claro reconocimiento.

Pero EN LOS MERCADOS EL ÉXITO SE MIDE DE MANERA DISTINTA. Es la DEMANDA, lo que necesita y quiere la gente, lo que más se valoriza. Para esas personas, que un futbolista o un actor de cine puedan ser más apreciados que un profesor universitario o un investigador académico, rompe el parámetro de “mérito” que han aprendido. Claudio Pizarro gana más que Pásara y que el que escribe este post. Pero eso no debería quitarle a nadie el sueño. A la gente le gusta el fútbol y no tenemos por qué limitar su gusto para que Pásara y yo nos sintamos mejor. Pero eso puede generar a los académicos la sensación (psicológica) que hay algo injusto y equivocado en el mercado. Y por eso EL MERCADO DEBE SER ATACADO COMO UN SISTEMA IMPERFECTO Y NO EQUITATIVO. Me imagino que no es fácil ver a personas quizás académicamente menos preparadas tener éxito en una atmósfera en lo que se busca son soluciones a problemas reales y no especulaciones alejadas de la realidad. Pero eso NO ES CULPA DEL MERCADO. Eso es la mejor forma de atender esos deseos y esas necesidades de la gente. Esa es una forma efectiva de generar bienestar.

Así que pensemos bien antes de hacer las cosas. MENOS NO ES SINÓNIMO DE MEJOR NI MÁS DE PEOR. La respuesta es que DEBE HABER TANTOS ABOGADOS COMO LA GENTE NECESITE. Y no veo cómo se va a lograr eso quitándole a la gente la posibilidad de decidir.

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(*) Soy Abogado en Bullard, Falla & Ezcurra. A pesar de eso no creo mucho en el Derecho, sobre todo cuando nos prohíbe que seamos libres y nos niega que seamos responsables. Me gradué en la Católica e hice mi Maestría en la Universidad de Yale, Estados Unidos. Me dedico a temas de Derecho de la Competencia, Regulación Económica (hubiera preferido ser economista) y Arbitraje (principalmente como árbitro en controversias comerciales). Lo que más me gusta hacer: enseñar (en la Católica, la UPC y Torcuato di Tella, Argentina). Y tuve mi columna en Perú 21 (mientras el Director me aguantó)

FUENTE
http://blogs.semanaeconomica.com/blogs/prohibido-prohibir/posts/sobre-abogados-mercachifles-y-monopolios-educacion-legal-y-libre-competencia

WEB DE ALFREDO BULLARD
http://blogs.semanaeconomica.com/blogs/prohibido-prohibir

BLOG
http://blogcristalroto.wordpress.com

LOS ROMÁNTICOS Y LA EDUCACIÓN LEGAL EN EL PERÚ



LOS ROMÁNTICOS Y LA EDUCACIÓN LEGAL EN EL PERÚ: RESPUESTA A PÁSARA
Por: Óscar Súmar A. (*)


El investigador LUIS PÁSARA atribuye el problema de la educación y práctica legales en el Perú a la DESREGULACIÓN y, como responsables de ésta, señala a los INTELECTUALES LIBERTARIOS que –créalo o no- existen en el Perú.

Para comenzar, un tema de principio: últimamente me he dado cuenta que este tipo de discusión [acerca de si regular o no una determinada actividad] se suelen reducir o –más propiamente- generalizar al punto de convertirse en escaramuzas [diría batallas, pero nuestra academia es muy reducida] entre las posturas libertarias y las intervencionistas. Así, los libertarios tenderán a acusar a personas como Pásara de “rojas” y éste les dirá “mercachifles” de vuelta. Este tipo de debate me resulta ocioso y estéril, aunque algunas veces –inclusive recientemente- he cometido el error de enfrascarme en él. Si algo me resulta saltante en relación a este tema, sin embargo, es el complejo de pequeñez que aqueja a los propulsores del intervencionismo. Yo tendería a pensar que ellos son más representativos de la política peruana que los libertarios y tendería a pensar, además, que han tenido mayor éxito que los libertarios, al lograr impulsar la actividad estatal en muchos ámbitos. Dados los pobres resultados alcanzados a través del intervencionismo, no los culpo, sin embargo, de querer exonerarse de responsabilidad. Por el contrario, tiendo a creer que el –desde mi punto de vista modesto- proceso de desregulación comenzado por Fujimori se explica más en el Consenso de Washington que en la ideología de nuestros escasos académicos libertarios.

Digo que el debate es ocioso porque no creo que la pregunta de si debemos establecer estándares de calidad para la educación legal se resuelva apelando a la ineficiencia de la regulación estatal –en caso ser libertario- o del mercado –en caso ser intervencionista. El debate se tiene que dar a un nivel de detalle mayor. Pásara ha tenido un acercamiento con el tema desde una perspectiva pragmática. Él ha identificado que, desde su punto de vista -y ciertamente del mío y seguramente de muchos de nuestros lectores- la educación legal es de baja calidad. El problema con su análisis es que, de esta “constatación”, directamente concluye que el tema debe ser regulado y también que debe ser regulado a través de estándares.

Existen muchos problemas en relación a esto. Primero, el que la calidad sea baja no sería un problema si es que el mercado pudiera discriminar entre buenos y malos y solo elegir a los buenos. Esto crearía un desincentivo a la creación de nuevas facultades. Sin embargo, esto no ocurre así en la realidad, porque el mercado es imperfecto. En este caso en particular se pone énfasis en la falta de información de los consumidores. Como consecuencia de esto, se saca el tema del mercado, para introducirlo en otro tipo de mercado, el mercado político. En otras palabras, se decide reemplazar al MERCADO, por NORMAS. Y ahí, con la misma certeza con la que Pásara puede concluir que el mercado no es perfecto, nosotros podemos concluir que el mercado político tampoco lo es. Los políticos tampoco tienen suficiente información, tampoco son perfectamente racionales y, por si fuera poco, están sujetos a presiones de grupos de interés que los llevan a dictar normas contrarias al interés de los consumidores en general. ¿Por qué debemos preferir las fallas del sistema político sobre las fallas del mercado? Es una pregunta que Pásara no responde.

Segundo, podemos establecer la conveniencia de una regulación como la propuesta en un nivel mayor de detalle tomando en cuenta, por ejemplo, si las personas que estudian en facultades de Derecho de “baja” calidad mejoran o no su situación por hacerlo; si mejora la situación de los clientes de estos abogados; y, si mejora la situación del país en general. ¿Preferimos tener menos profesionales o más profesionales, aunque no se dediquen a lo que efectivamente estudiaron? [Por ejemplo se podría hablar de la conveniencia en términos de nivel cultural en general]. ¿Preferimos que más personas tengan acceso a abogados de relativamente baja calidad o que no tengan acceso a abogados en absoluto?; y así. Si la situación de todas las personas involucradas mejora y, en general, concluimos que mejora la situación del país, ¿debemos basarnos en nuestra apreciación subjetiva acerca de la calidad para decir que eso está mal?

Tercero, seamos libertarios o no, todos podemos estar de acuerdo en que, por lo menos en algunos aspectos, el interés de las empresas es contrario al interés del público. Los productores siempre quieren cobrar mayores precios, los consumidores siempre queremos menores precios [manteniéndose la calidad constante]; los productores siempre quieren menos competencia, los consumidores siempre queremos la mayor cantidad de alternativas para elegir; y así sucesivamente. El fijar estándares, sobre todo cuando son fijados y administrados por los propios productores establecidos, tenderá a restringir el acceso al mercado. Esto, inexorablemente, reducirá la competencia, aumentará el precio de los servicios y desincentivará la innovación. Todas estas consecuencias son contrarias a los intereses de los consumidores. La ganancia sería que ya no serían engañados por abogados de baja calidad; pero, ¿realmente podemos asegurar que los consumidores de servicios legales de relativamente baja calidad son engañados? ¿Una persona que contrata a un abogado de S/.50 la hora y proveniente de una universidad nacional cree que éste es igual de bueno que uno que cuesta USD 100 la hora y proviene de una de las universidades privadas más prestigiosas? Si la respuesta es negativa, el costo de la regulación sigue siendo evidente, pero ya no quedan tan claros sus beneficios.

Cuarto, la administración de estándares es costosa. Para comenzar, podemos preguntarnos quién se encargará de fijarlos y quién de administrarlos. ¿Serán estándares de resultados o de obligaciones específicas? ¿Cuál será el parámetro para decir qué calidad es la adecuada, Harvard o la mejor universidad peruana? Y otra serie de preguntas que harán de esta medida más o menos adecuada, pero que, sin embargo, están en un segundo plano o simplemente no se encuentran en el discurso de Pásara.

Quinto, es verdad que existen problemas de información y de competencia en el mercado legal. Pásara atribuye estos problemas a la desregulación, sin embargo, escapa de su análisis que el mercado legal es uno ampliamente regulado: existen grandes barreras de entrada. Entre éstas, podemos contar: la pertenencia a un colegio de abogados para poder litigar y, estrechamente ligado al problema de información, la imposibilidad de hacer publicidad, tema que, inclusive, ha merecido un pronunciamiento –en contra de la restricción- de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Para Pásara, sin embargo, nada de la falta de información o competencia se explica en las trabas legales. Inexplicablemente, además, concluye, teniendo a la vista un mercado altamente regulado, que sus problemas se deben a la falta de regulación. No decimos que es imposible que los problemas del mercado de servicios legales se deban a sus aspectos desregulados; pero nos parece que existe una obligación –¿acaso moral?- de descartar la prohibición del mejor método de información en el mercado –la publicidad- como la causa de la asimetría informativa, si uno pretende argumentar que los problemas del mercado se deben precisamente a esta asimetría. [Actualización: Y aquí seguramente se dirá que los abogados sí se publicitan, ya que hay estudios de abogados que tienen páginas web y otros que aparecen en las páginas amarillas. Quien diga eso, pierde de vista que la mecánica de este tipo de prohibición consiste, precisamente, en ser querida y violada, al mismo tiempo, por las empresas. Ellas no quieren que haya publicidad en general, sin embargo siempre intentarán eludir la norma para publicitarse ellas mismas. Sin perjuicio de esto, el nivel de publicidad será notablemente más bajo que en un mercado sin prohibición].

Finalmente, hay que despertar de la ilusión romántica (1) de que el sector público puede solucionar todos los problemas. Vale darse cuenta que el mercado no es perfecto, pero también hay que tomar en cuenta los costos de la regulación. La mejor manera de hacerlo es fijarnos en los detalles, para establecer costos y beneficios, a través de trabajos empíricos. Ese trabajo, en todo caso, continúa pendiente de ser hecho en nuestro país, por lo que mal haríamos en concluir la necesidad de regular.

NOTAS

(*) Es profesor e investigador a tiempo completo en la Universidad del Pacífico, en la Facultad de Derecho. Actualmente tiene a su cargo el curso Economía y Derecho, que se dicta en la Facultad de Economía. El profesor Súmar es abogado, summa cum laude, por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha escrito decenas de artículos y participado en conferencias en las áreas de su interés: análisis económico del Derecho, regulación económica, libre competencia, derecho constitucional, derecho y desastres; entre otras. Adicionalmente, el profesor Súmar ha laborado en el Tribunal Constitucional y ha sido director de la revista Themis. Actualmente se encuentra ad portas de publicar un libro sobre regulación de la publicidad comercial en el Perú y está trabajando conjuntamente con otros expertos en un libro sobre libre competencia.

(1) “No habrá retorno a la ilusión romántica de que el sector público soluciona todos los problemas: reales, imaginarios, desarrollados o inventados”. BUCHANAN, James M. Economía Constitucional. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales. 1993. p. 48.

sábado, 12 de junio de 2010

LAS ESCUELAS DE DERECHO: ¿UNA ESTAFA EDUCATIVA?



LAS ESCUELAS DE DERECHO: ¿UNA ESTAFA EDUCATIVA?

¿UNA ESTAFA EDUCATIVA?
Por Walter Gutiérrez.
Decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL)




La suerte de la REFORMA DE LA JUSTICIA se decide en las AULAS UNIVERSITARIAS. No habrá CAMBIO si no cambiamos la EDUCACIÓN LEGAL en el país, porque gran parte de la crisis por la que atraviesa este servicio público básico se debe a la MASIFICACIÓN DE LA ABOGACÍA y a la PAUPERIZACIÓN DE SU ENSEÑANZA.

Creer, como piensan algunos MERCANTILISTAS DE LA EDUCACIÓN, que FORMAR UN ABOGADO ES BARATO, que solo se necesita unas cuantas AULAS, PIZARRAS y un PROFESOR IMPROVISADO, ha generado un DAÑO tremendo al SISTEMA DE JUSTICIA en el país.

En los últimos años se han reducido al máximo las EXIGENCIAS para GRADUARSE DE ABOGADO. En la actualidad el BACHILLERATO es AUTOMÁTICO, lo que significa que no se requiere TESIS o examen para obtenerlo. En cuanto al TÍTULO DE ABOGADO, en la práctica también se puede obtener AUTOMÁTICAMENTE, basta seguir un CURSO DE ACTUALIZACIÓN en cualquiera de estas FACULTADES 'SEMIINFORMALES' y al finalizar, sin mayor trámite, eso sí previo PAGO, el egresado se convierte en ABOGADO.

Para coronar esta irresponsable situación hay que agregar que EN EL PERÚ SE PUEDE SER ABOGADO SIN PISAR LA UNIVERSIDAD, pues varias han iniciado el NEGOCIO DE LA ENSEÑANZA A DISTANCIA.

En el Perú no existe ninguna NORMATIVA que REGULE y CONTROLE este TIPO de ENSEÑANZA, lo que ha hecho que en la mayoría de centros en los que se imparte sea de la más baja calidad; en realidad, más que ESTUDIO A DISTANCIA, utilizando medios tecnológicos. Lo que tenemos es una SIMPLE ENSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA.

Todo esto ha generado una situación paradójica: formalmente será ABOGADO y con los mismos derechos aquel que acudió a las AULAS UNIVERSITARIAS y se esmeró para aprender y culminar la carrera, como aquel que recibió un PAQUETE DE SEPARATAS DESACTUALIZADAS, ocasionales clases y fue objeto de una evaluación sin mayor rigor.

Todo esto se ha generado por una mal entendida LIBERTAD DE MERCADO y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. Las autoridades del sistema universitario (comenzando por la ASOCIACIÓN NACIONAL DE RECTORES) le han ocasionado un enorme DAÑO al SISTEMA EDUCATIVO, pero sobre todo al SISTEMA de ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

Ambos, la EDUCACIÓN y la JUSTICIA, son servicios públicos y la sociedad tiene todo el derecho de supervisarlos y exigir que se desarrollen en los más ALTOS NIVELES DE EFICIENCIA.

La LIBERTAD no puede ser confundida con LIBERTINAJE o ESTAFA EDUCATIVA. Por eso ha llegado el momento de ORDENAR la EDUCACIÓN LEGAL, creando un verdadero SISTEMA DE ACREDITACIÓN de las FACULTADES DE DERECHO, regulando la ENSEÑANZA A DISTANCIA e implementando mayores niveles de exigencia para la obtención del título. Si no lo hacemos, TODA REFORMA DE JUSTICIA SERÁ INÚTIL.


Lima 10 de Noviembre del 2008

¡A PARAR LA FÁBRICA DE ESCUELAS=MERCACHIFLES DE DERECHO!




¡A PARAR LA FÁBRICA DE ESCUELAS=MERCACHIFLES DE DERECHO!

¡A PARAR LA FÁBRICA!



Se produce irresponsablemente abogados en el país. El Colegio de Abogados de Lima busca detener esa ESTAFA SOCIAL. La iniciativa merece apoyo.

Autor: LUIS PÁSARA (*)



En el origen está el negocio. Un NEGOCIO que LUCRA de la EXPECTATIVA de obtener un TÍTULO PROFESIONAL. Las condiciones sociales del país han hecho que demanda y oferta se degraden: un número creciente de universidades ofrecen graduar como abogado de la manera menos exigente posible y un enorme contingente de jóvenes buscan solo el diploma que diga que son abogados, aunque no lo sean de veras.

Este NEGOCIO REPROBABLE –que perjudica gravemente a los ciudadanos que serán clientes de esos abogados– está respaldado en la ley. El DECRETO-LEY 882 DEL FUJIMORATO –al parecer, movilizado por los intereses particulares de un ex ministro de Economía– autorizó la UNIVERSIDAD-EMPRESA, con propósito de LUCRO. Muchos se han beneficiado de este régimen legal que ha pervertido la idea misma de universidad.

En 1986, 25 universidades ofrecían la carrera de Derecho a casi 35 mil estudiantes. En 2003, 46 universidades contaban con estudios de Derecho; casi todas las nuevas eran universidades privadas bajo el régimen legal creado por el fujimorato. Según el Colegio de Abogados de Lima (CAL), hoy en día hay unos 80 lugares donde se dice enseñar Derecho, en los que están matriculadas 82 mil personas. Teniendo en cuenta que en el país ya hay casi cien mil abogados, este número de estudiantes no guarda relación con las necesidades del país.

El ZAFARRANCHO lo hizo posible la ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES y el CONSEJO NACIONAL PARA LA AUTORIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES, desde donde se autorizó laxamente el funcionamiento de universidades sin respetar el mínimo de requisitos legales. Un ex presidente de la Asamblea –que es uno de los responsables de ese mal manejo– hoy está ubicado en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde adopta posiciones que sin razones explícitas modifica luego, según le aconsejen las circunstancias.

Para establecer un lugar donde se matriculará a estudiantes de Derecho no hace falta casi nada. Menos si es una de las llamadas FILIALES –algunas instaladas en el garaje de una casa–, donde basta contar con un ABOGADO o un egresado de derecho, un CÓDIGO, PIZARRA y TIZA. Según un estudio mío hecho en 2004, en la mayor parte de las FACULTADES DE DERECHO las BIBLIOTECAS son POBRES. Cuatro de cada cinco profesores de derecho no están dedicados a la universidad y siete de cada diez no han ganado el cargo por concurso. El CAL llama a esto “LA PAUPERIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA”.

La POBRE CALIDAD de la PREPARACIÓN PROFESIONAL repercute directamente sobre la JUSTICIA porque es allí donde se forman los OPERADORES DEL SISTEMA: ABOGADOS LITIGANTES, JUECES, FISCALES y FUNCIONARIOS AUXILIARES. Cuando se examina expedientes judiciales, impresiona leer los recursos presentados por un número creciente de abogados cuyo sentido, como algunos jueces señalan, no resulta fácil desentrañar. La incidencia de estos abogados en el desenlace del proceso judicial es casi nula, de modo que el cliente, que cree contar con quien lo defienda, está abandonado en el proceso.

Al mismo tiempo, debe reconocerse que en el EJERCICIO PROFESIONAL –severamente impactado por el “MODELO” del DOCTOR MONTESINOS– ahora importan menos CONOCIMIENTO y RAZONAMIENTO JURÍDICOS. De allí que los egresados de aquellos centros donde la ENSEÑANZA ES UN SIMULACRO puedan desenvolverse como si fueran abogados.

Si “los OPERADORES DEL DERECHO son responsables de coadyuvar a dar SEGURIDAD JURÍDICA, generar confianza en las diversas actividades económicas, contribuir a la eficiencia de las transacciones y resolver de manera idónea los conflictos que pueden presentarse”, según recuerda el CAL, no es eso lo que se prepara en muchas de las llamadas FACULTADES DE DERECHO del país.

La propuesta del CAL busca detener el despropósito. Se propone, en primer lugar, SUSPENDER LAS AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO y de CREACIÓN DE NUEVAS FACULTADES DE DERECHO hasta que sea aprobado un SISTEMA DE EVALUACIÓN y ACREDITACIÓN DE CALIDAD. Asimismo, se postula que todas las FACULTADES DE DERECHO se sometan a un procedimiento de EVALUACIÓN y ACREDITACIÓN DE CALIDAD, como el que ya existe para los estudios de Medicina, que en el caso de Derecho deberá establecerse dentro de los seis meses de aprobada la ley propuesta.

El CAL propone también acabar con el llamado “BACHILLERATO AUTOMÁTICO” –otra de las perversiones introducidas por el fujimorato– y se vuelva a la presentación y aprobación de una TESIS para obtener el GRADO DE BACHILLER EN DERECHO. El TÍTULO DE ABOGADO será obtenido a través de un EXAMEN DE SUFICIENCIA PROFESIONAL, suspendiéndose inmediatamente los mecanismos de TITULACIÓN “EXPRÉS”, como los seminarios y cursos breves pero pagados que se publicitan en los diarios. Finalmente, se propone suspender el ingreso a los llamados “PROGRAMAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA” que ofrecen estudios de Derecho, hasta que se acrediten.

Doce ex decanos del CAL han respaldado esta propuesta que ahora busca firmas ciudadanas. Con este paso, el gremio de abogados avanza en un combate que inició, a través de la JUNTA DE DECANOS DE COLEGIOS DE ABOGADOS, hace siete años.

Al recabar firmas para una “INICIATIVA CIUDADANA” en materia legislativa, de acuerdo a la Ley 26300, el gremio de abogados de Lima intenta obligar al Congreso a que se ocupe del asunto. Porque, de hecho, un proyecto de ley sobre el tema, presentado por el propio CAL en 1999, fue ignorado por el Legislativo.

Si se lograra reunir el número de firmas que la ley exige (0.3% del padrón electoral) –aproximadamente 55,000–, el Congreso tendría que dictaminar y votar el proyecto en un plazo de 120 días calendario, alrededor de seis meses. Y en caso de que no lo aprobase, o lo distorsionase al aprobarlo, el asunto puede ser consultado en referéndum.

Confiemos en que se congregue el respaldo ciudadano necesario para poner fin a la ESTAFA SOCIAL de que se gradúen y ejerzan como abogados quienes no tienen el mínimo de preparación necesaria. Luego vendrá la delicada tarea de establecer el RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN de FACULTADES DE DERECHO que debe ser seriamente organizado y ejecutado.

Entretanto, es de esperarse que, así como el CAL avanza en esta batalla de interés ciudadano, cumpla con sus responsabilidades en materia de control y sanción del mal ejercicio profesional. En la casa de los abogados de Lima hay que dejar atrás la práctica de “OTORONGO NO COME OTORONGO”, que también ha hecho un grave daño al ejercicio profesional y a los ciudadanos mal protegidos por aquél a quien contrataron como defensor profesional de sus intereses.

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(*) LUIS PÁSARA es abogado y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue profesor en esta casa de estudios entre los años 1967 y 1976. Ha realizado estudios de post grado en la Universidad de Wisconsin. Ha sido profesor investigador visitante en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en México. Desde 2004 es investigador del Instituto Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica, de la Universidad de Salamanca.
Entre sus principales publicaciones se encuentra:
1.- “Jueces, Justicia y Poder en el Perú” (1982), 2.-“El Uso de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en la Administración de Justicia” (2008), 3.- “Ley, Justicia y Sociedad en América Latina” (2010) y 4.-“Tres Claves de la Justicia en el Perú (2010)”.

LA FÁBULA DEL MERCADO Y LA LEY [SOBRE LAS FACULTADES DE DERECHO]



LA FÁBULA DEL MERCADO Y LA LEY [SOBRE LAS FACULTADES DE DERECHO]
Por: Luis Pásara (*)

Había una vez un país en el que una ley universitaria, a la par que establecía la autonomía de cada institución para gobernarse, disponía ciertos procedimientos para crear universidades y facultades dentro de ellas. Pero ese país cayó, un mal día, en manos de mercachifles, vendedores de todo tipo de baratijas, pero también de ideas.

Los MERCACHIFLES –que no vendían ideas propias sino importadas– lograron hacer creer que todos los problemas del país se solucionarían mediante el LIBRE MERCADO, cuanto más libre mejor. De modo que se llegó a creer que toda REGULACIÓN o límite impuestos por el ESTADO era perjudicial para el país. Cuanto menos interviniera el Estado, mejor, se machacó. La mejor ley es la que no existe, se atrevieron a decir algunos.

El esquema es simple y, por lo mismo, fácil de vender. El mundo está regido por la OFERTA y la DEMANDA. Desde la religión hasta la prostitución. Hay que dejar que oferta y demanda se desarrollen libremente; lo que tiene valor se venderá y aquello que no lo tiene, fracasará. Y de ese juego nos beneficiaremos todos, con los mejores productos y, gracias a la LIBRE COMPETENCIA, los adquiriremos al mejor precio, se prometía.

Algunos dijeron que las cosas no funcionaban así en los países que habían alcanzado el desarrollo. Se les respondió que eran comunistas. Otros señalaron que el propio mercado tiene “imperfecciones”. Nadie les hizo caso. Se desreguló todo lo que se pudo desregular y el país se sentó a esperar los frutos del cambio derivado de la ENTRONIZACIÓN DEL LUCRO como MOTOR SOCIAL.

Aparecieron entonces las UNIVERSIDADES con declarado ESPÍRITU DE LUCRO. Los MERCACHIFLES ESPECIALIZADOS en esta materia se rieron públicamente de quienes habían venido sosteniendo que la universidad no era una empresa. “Claro que es una empresa”, gritaron. Y explicaron que los estudios a ofrecer también deben estar regidos por la LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA.

Se beneficiaron del hecho de que, en un país pobre, donde la mayoría de quienes terminan la secundaria no tienen empleo, cada quien deposita esperanza en obtener un título profesional que mejore su capacidad competitiva en el mercado de trabajo. Esto no tiene nada que ver con el principio añejo y superado de “quien estudia, triunfa”. No. Se trata de PURA COMPETENCIA en un MERCADO “ALGO IMPERFECTO”, en el que sistemáticamente no hay trabajo para todos.

Decenas de UNIVERSIDADES –carentes de bibliotecas, que no hacen investigación, que tienen profesores sin formación a quienes pagan por hora dictada– abrieron sus puertas y ofrecieron diversos estudios profesionales. La población universitaria se multiplicó de golpe.

Los MERCACHIFLES UNIVERSITARIOS constataron que montar una facultad de medicina o una de ingeniería es caro. Se necesita laboratorios y profesores especializados. Pero establecer una FACULTAD DE DERECHO es baratísimo: un aula, un profesor con un código en la mano y una pizarra. En pocos años, las facultades de derecho florecieron en todo el país; primero, en las sedes universitarias; luego, en las llamadas filiales. En el piso superior de un mercado, en lo que había sido una sala de baile, en un garaje, en cualquier lugar se instalaron espacios para enseñar derecho.

Para que todo fuera inobjetable, los MERCACHIFLES tomaron el control de la institución que agrupa a las universidades. Se extendieron entonces autorizaciones y permisos para que todo fuera “legal”. Universidades que no habían seguido los procedimientos establecidos por alguna ley, fueron reconocidas plenamente. Las UNIVERSIDADES-NEGOCIO quedaron legitimadas.

Mientras de las universidades públicas y privadas, establecidas con el antiguo régimen, los abogados salían por decenas, de las UNIVERSIDADES-NEGOCIO salieron por cientos. Incluso algunos que no habían logrado graduarse como abogados en las universidades tradicionales, pagaron cierta suma y se graduaron en las recientes. La oferta de abogados creció.

Pero LOS CLIENTES NO SE BENEFICIARON. Porque se produjo una estratificación en la oferta profesional. Los mejores abogados, usualmente formados en las universidades tradicionales y en el extranjero, cobraban honorarios profesionales muy altos. A disposición de los sectores menos pudientes quedaron los abogados egresados de las UNIVERSIDADES MEDIOCRES, donde habían aprendido poco. Quien pagaba relativamente menos, no recibía ningún servicio efectivo de su abogado. Y lo peor es que ni siquiera lo sabía: “el saber jurídico”, que no está al alcance de los seres normales, se lo impedía.

Los COLEGIOS DE ABOGADOS no hacían nada para sancionar el incumplimiento de deberes profesionales. Sus TRIBUNALES DE HONOR condenaban tarde, mal y nunca a tanto abogado dedicado al pillaje contra sus propios clientes. Bastaba tener un título profesional para dedicarse a cobrar por no ocuparse, u ocuparse mal, de los casos que se les confiaba. Y cuando un caso se perdía, bastaba decir que la CORRUPCIÓN DEL PODER JUDICIAL LOS HABÍA VENCIDO.

Pero, un día, alguien dio la voz de alerta: “SOMOS DEMASIADOS”. La COMPETENCIA POR CONSEGUIR CLIENTES SE HABÍA PUESTO DURA. Y otro añadió: “Lo peor es que en las facultades de derecho hay un número de estudiantes de derecho que es mayor al de abogados ya en ejercicio”. “Esto hay que pararlo”, propuso un tercero. ¿Cómo? “CON UNA LEY”, coincidieron todos.

UNA LEY, NO PARA ESTABLECER ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD. Una ley, no para obligar a que las facultades de derecho pasen por un sistema de acreditación y queden fuera aquellas instituciones que son una ESTAFA. Una ley, no para introducir exigencias encaminadas a garantizar la formación de profesionales competentes.

No, UNA LEY PARA LIMITAR EL INGRESO DE MÁS COMPETIDORES A LA PROFESIÓN. La pita se rompe por lo más delgado. No más estudiantes de derecho, por unos años, y la oferta profesional se contendrá. Así, no se enmienda el gravísimo problema de tener miles de abogados que no son tales. Simplemente, por un tiempo, no habrá más abogados.

El servicio profesional no habrá mejorado pero sí se habrá concluido con la amenaza que, a los abogados existentes, plantea un mayor número de competidores. Ésa es la LEY que busca, muy tardía e insuficientemente, enmendar los EFECTOS INDESEADOS DEL MERCADO.

NOTAS
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(*) El autor es abogado, consultor internacional y autor del informe “La Enseñanza del Derecho en el Perú: su impacto sobre la Administración de Justicia”.

(1) Link del Libro “La Enseñanza del Derecho en el Perú: su impacto sobre la Administración de Justicia” de Luis Pásara
http://blog.pucp.edu.pe/media/2841/20090310-02%20-%20Pasara%20-Ensenanza%20del%20Derecho-.pdf



FUENTE
http://blogcristalroto.wordpress.com

jueves, 10 de junio de 2010

LA EDUCACIÓN LEGAL Y LOS ZARRAMPLINES

LA EDUCACIÓN LEGAL Y LOS ZARRAMPLINES
Por: Gustavo Rodríguez García (*)

Cuando era pequeño me gustaban los cuentos. Recuerdo que uno de los que me solían leer se llamaba “Los ZARRAMPLINES”. Hace poco recordé esa palabra y descubrí que la palabra aludía a una persona de poca habilidad. No cabe duda que entre los ABOGADOS hay muchos ZARRAMPLINES. Sin duda, ha existido una proliferación indiscriminada de ESCUELAS DE DERECHO que orientan sus esfuerzos al CRECIMIENTO NUMÉRICO pero no a la mejora en la CALIDAD DE LA ENSEÑANZA. Y existen universidades que en su afán de crecer logísticamente, admiten el ingreso de cualquiera que esté dispuesto a pagar unos soles por la supuesta educación ofrecida.

Ahora bien, estamos frente a un problema que ciertas instituciones fomentan pero que el MERCADO corrige de forma espontánea. Las oportunidades son asignadas entre los mejores profesionales y eso se hace sobre la base de la COMPETENCIA. Ello premia la MERITOCRACIA y el esfuerzo de los alumnos dedicados y castiga a quienes no tienen las condiciones determinadas para un empleo dado. Eso no quiere decir que el MERCADO genere DESEMPLEO. El MERCADO genera OPORTUNIDADES para quienes tienen capacidades diversas mediante un principio de VENTAJA COMPARATIVA. Quienes tienen MEJORES CAPACIDADES tendrán acceso a MEJORES OPORTUNIDADES estando disponibles labores para personas con menores capacidades. Todas las labores son valiosas y el desempeño eficiente de todas las funciones en su conjunto genera la MAXIMIZACIÓN del BIENESTAR DE LA SOCIEDAD.

Sin embargo, se ha pretendido encontrar una solución al problema de la EDUCACIÓN LEGAL y, particularmente, al CRECIENTE NÚMERO DE ABOGADOS, en una propuesta orientada a PROHIBIR LA CREACIÓN DE NUEVAS ESCUELAS DE DERECHO e, incluso, a PROHIBIR EL INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES A DICHA CARRERA. Sin perjuicio que dicha propuesta agravia flagrantemente la LIBERTAD INDIVIDUAL de elegir qué carrera elegir o no (finalmente, dado que el MERCADO asigna a los mejores profesionales a determinadas posiciones, la elección de una carrera saturada debería servir como incentivo para destacarse bajo riesgo de perder la batalla en la COMPETENCIA), se trata de una propuesta poco inventiva, ineficiente y que revela una escaza habilidad para afrontar los supuestos problemas que se nos presentan. Se trata, a mi juicio, de una PROPUESTA ZARRAMPLINA.

Lo que se esconde en realidad es un deseo de RESTRINGIR LA COMPETENCIA para asegurar la EMPLEABILIDAD DE ALGUNOS. EL PROBLEMA NO ES QUE LA OFERTA EN MATERIA DE EDUCACIÓN LEGAL SEA DE MALA CALIDAD. Por el contrario, deberíamos preguntarnos sobre EL PORQUÉ SE DEMANDA EDUCACIÓN DE CALIDAD PAUPÉRRIMA. Y la razón por la que se demanda esta “EDUCACIÓN LEGAL BASURA” es porque no se ha superado un real problema de información asimétrica en el sector educativo. Ahora bien, tampoco se puede satanizar a todas las escuelas de derecho. Estoy convencido que uno puede destacarse en cualquier centro de estudios. El problema, entonces, no son las UNIVERSIDADES. Son los ESTUDIANTES de nuestro país. Y son los estudiantes porque se fomenta una DEMANDA DE MALA CALIDAD EN EDUCACIÓN LEGAL que el MERCADO SATISFACE y que luego, el MERCADO CASTIGA de forma espontánea.

Naturalmente, para quien tiene una visión trasnochada del derecho y se siente atemorizado por nuevas perspectivas en nuevas generaciones, la competencia debe ser algo que le quita el sueño de forma constante. Y surge así la necesidad de eliminar la competencia. Como no puedo competir, auspicio una medida regulatoria que elimine artificialmente la competencia. En otras palabras, hay ciertos zarramplines que quieren ganar el partido en la mesa y no en la cancha. No se quiere afrontar el problema de la mala calidad educativa (y sobre todo, de la demanda por educación legal de mala calidad) sino que se quiere preservar el trabajo para quienes sin poca habilidad y mínimo esfuerzo, quieren asegurarse los beneficios de una barrera de acceso al sistema educativo.

La EDUCACIÓN LEGAL debe ampliarse para que acoja nuevas tendencias, para que explore nuevas visiones y para que atienda nuevas realidades (ANTONIO PEÑA JUMPA es autor de un trabajo publicado en Themis 57 en el que aborda la cuestión sobre si la EDUCACIÓN LEGAL actual le asigna herramientas adecuadas a los abogados para abordar la problemática en comunidades en las que el razonamiento legal es diferenciado). EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN LEGAL EN EL PERÚ NO PUEDE SER RESTRINGIR O ELIMINAR LA EDUCACIÓN LEGAL. Por el contrario, solo el MERCADO LIBRE podrá generar OPORTUNIDADES para todos aunque ello signifique que no todos podrán ser socios de un prestigioso y acaudalado estudio de abogados. Pero esa es la COMPETENCIA y eso es bueno porque nos alienta a ser mejores. ELIMINAR LA COMPETENCIA SOLO FAVORECE A LOS ZARRAMPLINES que con poco esfuerzo y mínima imaginatividad quieren asegurarse el pan en la mesa de su hogar.

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(*) Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios en propiedad intelectual, economía y derecho del consumo, derecho del comercio internacional y merchandising y patrocinio. Profesor universitario e investigador.

¿NECESITAMOS MÁS COLEGIO DE ABOGADOS?



¿NECESITAMOS MÁS COLEGIO DE ABOGADOS?
Acerca de la propuesta del CAL para que las acreditaciones de facultades de Derecho sean obligatorias
Por: Óscar Súmar (*)



He leído el artículo publicado en El Comercio por el Decano del Colegio de Abogados de Lima (10/11/2008), titulado “¿UNA ESTAFA EDUCATIVA?” y que en verdad es un reflejo de investigaciones de LUIS PÁSARA. En éste, el Decano defiende su idea de crear estándares (acreditación) para la admisión de facultades de Derecho. Partiendo de la base de la profesión legal es de “interés público”, refiere que la calidad de las facultades es pobre y es muy fácil obtener el título, lo que llevaría, finalmente, a un engaño a los consumidores, tanto de servicios educativos, como legales. El encargado de aplicar dichos estándares sería, sin duda, el Ilustre Colegio o la Universidad Católica, que también apoyaría la medida.

Como recién titulado de una facultad de Derecho, opino distinto: graduarse, para quien realmente pretende recibir una educación de calidad y tiene los medios para hacerlo, no es nada fácil. He cursado seis años en la universidad, incluyendo 2 de estudios generales, para obtener el bachillerato. Luego, he dedicado casi 2 años adicionales en obtener el título de abogado, a través de la presentación de una tesis.

¿LA CALIDAD ES MALA? Primero, esto es relativo, la calidad de mi universidad de origen es baja si se le compara con Yale o Harvard, pero alta si se le compara con la mayoría de universidades nacionales. Además, existen muchas personas de mi universidad que son malos abogados y otras de universidades menos prestigiosas que son muy buenos abogados. Segundo, aún las universidades de calidad “baja” traen beneficios a personas de escasos recursos: éstas tienen la oportunidad de recibir una educación mayor que la que recibieron en sus colegios y les da la esperanza de una vida mejor. Si la calidad de estas universidades fuera mayor, sus precios tendrían que ser correlativamente más altos, lo que impediría a mucha personas acceder a ellas. Además, el costo de un abogado que ha recibido una educación semejante a la mía es inaccesible para el 95% de la población, siendo optimistas. Si impedimos a las personas recibir educación de “mediana” o “baja” calidad, impediremos correlativamente que existan abogados de “media” y “baja” calidad. Esto impedirá que las personas que sólo pueden acceder, por falta de recursos, a este tipo de abogados, cuenten con una asesoría legal que necesitan. Tercero, los estándares, si son serios y detallados, son muy difíciles de aplicar: encontraríamos grandes deficiencias y corrupción en su sola implementación. Cuarto, la calidad es mala en todos los ámbitos de la vida porque somos un país pobre, pero ¿eso nos debe llevar a fijar estándares siempre? La calidad de los diarios es mala en promedio, ¿requerimos entonces un sistema de acreditación para hacer un diario? ¿Esto no sería antidemocrático? Finalmente, el CAL dicta un curso de deontología forense que he tenido la desgracia de llevar. La calidad de ese curso me parece francamente mala y, aún así, el Decano pretende dirigir una cruzada por la calidad educativa, que en verdad es otro intento por volver más excluyente una profesión que funciona como un cartel: recordemos que los abogados requerimos tener la autorización del Colegio para ejercer la profesión y no podemos publicitar el precio de nuestros servicios.

Respecto a los clientes, ¿REALMENTE HAY UNA ESTAFA? ¿Uno acaso no sabe que un abogado de una universidad privada (de alta categoría) que cobra más es probablemente un mejor abogado que uno de una nacional (de las de baja categoría) que cobra poco ? Claro que se sabe. El mercado legal tiene problemas de información, es cierto; pero eso es causado por la propia regulación que prohibe la publicidad. Pero de ahí a decir que los clientes son engañados, parece una exageración y, en todo caso, existen remedios civiles (responsabilidad civil) o administrativos (INDECOPI o el propio Colegio de Abogados) que, si funcionaran adecuadamente, podrían solucionar estos problemas de “engaños” y “estafas”. Por otro lado, ¿HAY UNA ESTAFA PARA LOS ESTUDIANTES? No parece ser el caso, uno sabe las diferencias entre estudiar en la PUCP o en la San Juan Bautista.

Una razón adicional, la fijación de estándares reprimiría la innovación. Por ejemplo, tenemos universidades que están asociando los estudios de Derecho con la Economía o la administración de empresas. Quizá en el futuro, en estas universidades, las carreras sean bastante más híbridas; pero, ¿esto sería posible si se les exige cumplir una curricula determinada que incluya “X” cursos de Derecho? Y ese es tan solo un ejemplo.

Por último, no existen reales investigaciones empíricas acerca de la necesidad de implementar esta medida. El único estudio actual acerca de la ENSEÑANZA DEL DERECHO EN EL PERÚ que tiene investigaciones de campo es el de LUIS PÁSARA (y un libro en el que se ha recopilado e interpretado estadística, de Gorki Gonzales); pero no aborda explícitamente el tema de las ACREDITACIONES, fuera del hecho de que ha sido rebatido por la Facultad de Derecho de la UPC mediante un informe dirigido al entonces ministro de justicia, Kresalja.

¿CUÁL ES -ENTONCES- LA SOLUCIÓN? Los ABOGADOS no necesitamos más REGULACIÓN, NECESITAMOS MÁS COMPETENCIA. La publicidad es el mayor método de competencia y el Código de Ética la prohíbe. La competencia, en este caso, puede servir para concentrar el mercado, reduciendo el número de abogados y mejorando la RELACIÓN CALIDAD-PRECIO. Imaginen un mercado donde existan servicios legales de buena, regular y baja calidad. Imaginen que uno tiene información acerca de la calidad y el precio de estos servicios. En ese caso, los abogados tendrían que competir para ver quien da los mejores servicios al mejor precio. Eso, probablemente, dejaría a los abogados de alta calidad en su lugar, pero bajaría los precios de los de regular calidad, desplazando a los de mala calidad. Eso haría que no existan incentivos para ser un abogado de mala calidad y por lo tanto que tampoco existan incentivos para ser una universidad que los produzca. Actualmente, debido a la falta de información, los abogados de baja calidad pueden cobrar como si fueran de mediana, lo que hace que sí existan los incentivos antedichos.

No es imposible pensar en un “mercado” de abogados: en EE.UU. se siguió este camino luego de la decisión en Bates v. State Bar of Arizona (1977), que declara inconstitucional la prohibición de publicidad. Actualmente la Facultad de Derecho de la PUCP está preparando un PROYECTO DE CÓDIGO DE ÉTICA en el cual se permite la PUBLICIDAD, ¡en hora buena!

Los abogados tenemos que reconocer que -al igual que cualquier otro comerciante- cuando nos juntamos e intentamos aprobar nuestras propias normas (léase, cuando somos el CAL), habitualmente buscamos nuestro propio beneficio, a expensas de la sociedad. La prohibición de PUBLICIDAD, la fijación de PRECIOS (que fue sancionada por el INDECOPI) y la propia COLEGIATURA, son ejemplos de cómo los abogados intentamos mantener cerrado artificialmente nuestro MERCADO; sin éxito, pero con efectos colaterales como la HIPERTROFIA DE ABOGADOS y la CORRUPCIÓN. No avancemos más en esta línea, que es la que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Pensemos con claridad y cambiemos el rumbo.

Como comentario aparte, y para finalizar ahora sí, la ACREDITACIÓN es un tema de ESTÁNDARES, que es uno típico de la TEORÍA REGULATORIA. Los problemas asociados a la REGULACIÓN EN GENERAL y la FIJACIÓN DE ESTÁNDARES EN PARTICULAR han sido ampliamente estudiados; sin embargo, en el Perú, quienes vienen hablando del tema hasta ahora, hacen referencia al “INTERÉS PÚBLICO” que habría en la profesión legal. Cualquiera que haya leído de regulación sabe que las teorías que toman como sustento de la REGULACIÓN el “INTERÉS PÚBLICO” están desfasadas. No se crean el cuento de que en EE.UU. y Europa continental (de donde nosotros supuestamente tomamos estas teorías) manejan conceptos distintos: en EE.UU. manejaban el concepto de interés público, pero hace 80 años, así que las teorías actuales no son una “competencia” de éste, sino su superación (ver al respecto: Kip Viscusi, “Economic of regulation and antitrust”).


NOTAS


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(*) Profesor e investigador a tiempo completo en la Universidad del Pacífico, en la Facultad de Derecho. Actualmente tiene a su cargo el curso Economía y Derecho, que se dicta en la Facultad de Economía. El profesor Súmar es abogado, summa cum laude, por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha escrito decenas de artículos y participado en conferencias en las áreas de su interés: análisis económico del Derecho, regulación económica, libre competencia, derecho constitucional, derecho y desastres; entre otras. Adicionalmente, el profesor Súmar ha laborado en el Tribunal Constitucional y ha sido director de la revista Themis. Actualmente se encuentra ad portas de publicar un libro sobre regulación de la publicidad comercial en el Perú y está trabajando conjuntamente con otros expertos en un libro sobre libre competencia.


FUENTE
http://chinomigrana.wordpress.com/2009/01/15/%C2%BFnecesitamos-mas-colegio-de-abogados-acerca-de-la-propuesta-del-cal-para-que-las-acreditaciones-de-facultades-de-derecho-sean-obligatorias/

WEB
http://works.bepress.com/oscar_sumar

domingo, 6 de junio de 2010

LA ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y EL PROBLEMA DE LAS MALAS FACULTADES DE DERECHO



LA ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y EL PROBLEMA DE LAS MALAS FACULTADES DE DERECHO
Por: Heber Joel Campos Bernal (*)


El proyecto de ley presentado recientemente por un grupo parlamentario para prohibir el funcionamiento de nuevas Facultades de Derecho, motiva una serie de preguntas y objeciones acerca de lo que implica, en un país como el nuestro, ejercer la profesión de abogado. Un primer punto a tomar en cuenta consiste, en ese sentido, en analizar la forma cómo ha sido sancionado el proyecto en cuestión. Éste, a diferencia de lo que indica la Constitución, no ha observado el principio de proporcionalidad y razonabilidad que plantea que la interpretación de los derechos fundamentales (y lo mismo rige para la aprobación de leyes que tienen un impacto en el ámbito de protección de estos derechos) debe ser acorde al contenido esencial de los mismos. Es obvio que una norma que busca optimizar un derecho debe estar debidamente fundamentada y que para ser valida debe ser además de idónea, necesaria para cumplir el fin deseado. Sin embargo, el presente proyecto no sólo no se guía por dicha premisa, sino que además afecta de manera intensa los siguientes derechos: i) el derecho al libre desarrollo de la personalidad; ii) el derecho a la educación; y el iii) el derecho a la igualdad.

En lo que respecta al derecho al libre desarrollo de la personalidad la afectación se produce debido a que, sin que medie una justificación valida, se impide a quienes tienen una legitima expectativa de convertirse en abogados a que puedan hacerlo, bajo el argumento de que el mercado esta saturado de dichos profesionales. Del mismo modo, en lo que respecta al derecho a la educación, la afectación se produce debido a que se limita la formación de futuros abogados en función de un interés que, por su vaguedad, no puede ser considerado público; y finalmente, en lo que respecta al derecho a la igualdad, la afectación ocurre cuando se otorga un trato distinto a quienes no se encuentran en una situación jurídica distinta. En efecto, los interesados en seguir la carrera de derecho tienen que soportar las consecuencias de una medida que no se aplica a otros estudiantes, pese a que, objetivamente, se encuentran en la misma condición de éstos. Así, por ejemplo, si se achaca que existen muchos abogados y que muchos de ellos carecen de la calidad necesaria –como parece insinuar el proyecto- es posible retrucar que esa misma realidad se da en otras profesiones, salvo que, a diferencia de aquellas, la carrera de derecho genera una mayor atención y visibilidad. Es más, aún aceptando el argumento de que la carrera de derecho es la más solicitada en el mercado, no existen motivos para que ese único argumento se convierta, en si mismo, en motivo suficiente para prohibir la creación de más Facultades de Derecho.

El proyecto en cuestión genera, por ende, antes que una solución, un problema más. Quizá porque la proliferación de malos abogados no se debe a la proliferación de Facultades de Derecho, sino a la proliferación de “malas” Facultades de Derecho. El punto consiste en supervisar la calidad de dichas facultades antes que en prohibir su creación. Esta solución no es nada novedosa. De hecho países vecinos como Chile o Colombia poseen sistemas de acreditación de los estudios universitarios bastante efectivos que les garantizan, sino la excelencia de sus universidades, si al menos que aquellas que ni siquiera cumplen un estándar mínimo, desaparezcan. Este sistema de acreditación de la calidad universitaria debería ser impulsado por el Estado, y debería tener como meta en el corto plazo el cierre de aquellas universidades que, cínicamente, intercambian títulos por dinero.

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(*) Profesor del curso Historia, Sociedad y Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y profesor adjunto del curso Filosofía del Derecho y Razonamiento Judicial en la Facultad de Derecho y en la Maestría con mención en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, respectivamente


FUENTE
http://blogcristalroto.wordpress.com

10 MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN DENTRO DEL PODER JUDICIAL



ESTAMOS AGOTADAS: MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN, ¿MÁS DE LO MISMO?
Autor(a): Lilia Ramírez Varela



El Presidente del Poder Judicial, JAVIER VILLA STEIN, acaba de anunciar 10 MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN DENTRO DEL PODER JUDICIAL, indicando que son “un despliegue de voluntad política y moral en esta materia. Son medidas concretas y no declaraciones líricas”. Interesante frase que apunta a calmar ánimos a aquellas que ya estamos agotadas de lirismos en lo que se refiere a medidas anticorrupción que finalmente no tienen resultados.

Las medidas serían:
1. Creación de la Sala Penal Nacional Especial Anticorrupción, con competencia ampliada a todo el territorio del país para el tratamiento de casos de corrupción sistemática o macro corrupción.
2. Fortalecimiento de la Sala Penal Nacional para el juzgamiento y sanción de conductas asociadas al accionar del crimen organizado.
3. Creación de una Comisión Especial encargada de la implementación de la Sala Penal Especial, conformada por magistrados Supremos y Superiores.
4. Relatoría adicional al interior de la Sala Penal Nacional contra el Crimen Organizado.
5. Presentación de proyecto de Ley para posibilitar la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en las Salas Penales Nacionales (Anticorrupción y contra el Crimen Organizado).
6. Acceso de los medios de comunicación al juicio oral del caso BTR para su difusión permanente a la ciudadanía.
7. Implementación de un sistema informatizado de seguimiento exhaustivo de las movilizaciones de juezas a nivel nacional.
8. La realización de un estudio de factibilidad del uso del software especializado donado por el PNUD a la Unidad de Ética del Poder Judicial, para el control preventivo de actos de corrupción.
9. Propuesta de Convenio de cooperación con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, para que juezas, en coordinación con los registradores, puedan tomar acción directa sobre bienes muebles e inmuebles, imposibilitando o habilitando el movimiento registral por parte de los titulares de la partida.
10. La creación de la categoría "Buenas prácticas e innovación en materia de lucha contra la corrupción" en el marco del Premio a la Excelencia Judicial.

Algunas de estas medidas son bastante interesantes, como la creación de la Sala Penal Nacional Especial Anticorrupción, o la implementación de un sistema informatizado de seguimiento exhaustivo al traslado de juezas. Empero, es evidente que estas diez medidas son, en su mayoría, aspiraciones, implementaciones o proyectos y, salvo la número cuatro, todas están en espera. A su vez, sorprende que entre los anuncios no se mencione en ningún momento ni a los juzgados ni a las Salas Anticorrupción, instancias creadas en el año 2001 y 2003, que tienen en sus manos un conjunto de procesos por corrupción de la década del 90 hasta la actualidad, y cuyas titulares siempre han invocado mayor apoyo de las autoridades, con muy poca o nula respuesta de parte de éstas. Esta situación nos deja la interrogante sobre la relación entre esta Sala Nacional y los demás Juzgados y Salas Anticorrupción ya existentes. Por último la omisión de medidas concretas para mejorar la investigación de los magistrados que han sido denunciados por posibles actos de corrupción relacionados al caso BTR por diversos medios de comunicación también dan la sensación de estar ante una nueva "mecida" con este anuncio.

Por ello, no nos sorprende que la dación de este paquete de acciones pase desapercibida a los ojos de la población, medios y demás actores judiciales. Unos días después, nuevamente, se hizo público otro petroaudio que daría indicios de actos de corrupción de la máxima instancia judicial: la Corte Suprema, el Banco de la Nación y Alberto Quimper. Junto a ello, un detalle que no debe pasar desapercibido es que estas medidas fueron anunciadas ante la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que preside el propio Villa Stein, y su reproducción fue mediante una nota de prensa emitida por el Poder Judicial, y no en una resolución del Consejo Ejecutivo de éste órgano o en algún documento oficial. Es decir, salvo la Resolución Administrativa 179-2010-CE-PJ que establece una Relatoría adicional al interior de la Sala Penal Nacional contra el Crimen Organizado, estos anuncios no son exigibles jurídicamente, por lo que no tenemos forma de reclamarlos; y la experiencia en cuanto a anuncios de este tipo nos lleva a señalar enfáticamente: ver para creer.

En una reciente declaración LUIS PÁSARA señalaba que en los últimos años el funcionamiento del sistema judicial peruano ha cambiado; sin embargo, pese a que la justicia es distinta, no es mejor. ¿Por qué no es mejor?; existen diversos factores, para Pásara, al igual que para otros estudiosos de la materia, una de las principales razones de ello es la intolerante sensación de corrupción que percibimos todas las que tenemos que lidiar, de una manera u otra, con los órganos jurisdiccionales, y con acierto establece que “[n]o cabe duda de que la corrupción es el mayor obstáculo que se levanta contra la credibilidad de la justicia en el país”1] Por esto no es gratuita la reciente y grave recriminación del actual Ministro de Justicia, VÍCTOR GARCÍA TOMA, señalando que “hay un sistema judicial que aún se comporta como Ripley o como Saga, incluso hasta pueden haber ofertas de hasta ‘dos por uno’, porque lamentablemente hay operadores [abogados] que entienden la sentencia como parte de una transacción comercial y alguien que desde el aparato judicial accede a ello”, tras conocerse otro petroaudio que deja muy mal parado al Poder Judicial (Ideele Radio, 24/05/2010).

El conjunto de escándalos que se han producido en las últimas fechas en relación a magistradas corruptas y el espíritu de cuerpo que todavía se percibe en torno a éstas, o a la lentitud e impunidad que se observa en graves casos de corrupción que las instituciones judiciales tienen en sus manos, pero que hasta la fecha, ni por asomo dan visos de llegar a buen puerto, ocasionan que este conjunto de anuncios cansen y, tal vez siendo injustos, se vuelvan intrascendentes para nosotras, que de declaraciones tenemos bastante, pero muy pocos resultados.

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[1] Pásara, Luis, “Tres Claves de la Justicia en el Perú”, Lima, Fondo Editorial PUCP, 2010, p. 190.

FUENTE
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=295

sábado, 5 de junio de 2010

TRES CLAVES DE LA JUSTICIA EN EL PERÚ

TRES CLAVES DE LA JUSTICIA EN EL PERÚ
Por Aarón Verona Badajoz


Es el título de la reedición de los tres principales trabajos (reunidos en un solo volumen) del investigador y sociólogo jurídico LUIS PÁSARA, cuya presentación se llevó a cabo el miércoles 26 en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica. Además del doctor Pásara participaron como panelistas el doctor BALDO KRESALJA y el sociólogo JULIO COTLER.

Sin duda la reedición de estos trabajos es de suma importancia para el investigador jurídico preocupado de la indefectible relación del derecho con los hechos sociales, políticos y económicos, o simplemente para quien desee enterarse de, como señalara JULIO COTLER, los únicos estudios sobre los abogados y la profesión jurídica en el Perú. En efecto, PÁSARA tiene, con cierta tristeza declarada de su parte, el casi monopolio del estudio sociológico-jurídico de la justicia y los jueces, la enseñanza legal, y el ejercicio profesional del abogado, en el Perú. Su producción al respecto es de revisión obligatoria si se quiere tener un alcance más que normativo y jurídico de los problemas que surgen en la sociedad peruana a propósito de estos temas.

Justamente sobre estos tres puntos son los ensayos recopilados en este libro, y sobre cuya presentación se hará un breve comentario a continuación:

JUECES, JUSTICIA Y PODER EN EL PERÚ. Pásara mencionó que la justicia en el Perú es distinta que hace 28 años (desde la primera edición de este ensayo), pero no mejor. Como mencionara Baldo Kresalja el nivel de desconfianza social y debilidad institucional de la administración de justicia nos muestran un alejamiento de la población del sistema, niveles altos de corrupción y una constante en la relación entre la justicia y el poder, negativa por cierto. Cotler señalaba al respecto, que el sistema de justicia pertenece a un “viejo orden”, corrupto en general y que presenta serios obstáculos para el ejercicio real de la ciudadanía por parte de las personas.

LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN EL PERÚ: SU IMPACTO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Existe una crisis en las facultades de derecho. La oferta de “títulos” más que de contenidos (cada vez más prolífica), la falta de un control académico y la baja calidad de la enseñanza que vuelve autodidacta al estudiantado; dan como resultado un servicio al usuario (ciudadano) con un nivel igualmente bajo. Medidas como la certificación de las facultades de derecho, para mejor control de los contenidos y la calidad, se hace urgente sin duda.

LOS ABOGADOS DE LIMA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. UNA APROXIMACIÓN PRELIMINAR. Como ya se mencionó, el servicio brindado por los abogados a los ciudadanos no es un bueno, al menos no en su mayoría. Existe una oferta de calidad aceptable, pero no es la que reciben las personas más desprotegidas (sea por temas económicos o sociales), sino que se concentra en quienes pueden pagar por ella. Este estudio tiene una íntima relación con el anterior, en tanto el efecto directo que produce la una en la otra, y que finalmente repercute en el problema institucional al que se refiere el primer ensayo.

Para terminar este breve acercamiento a la publicación, Pásara nos recuerda que la responsabilidad por las falencias del sistema de justicia es compartida con la población misma. Nos recuerda, con una invitación a la autocrítica (imprescindible a nivel de ciudadanía), que con los matices que la afirmación implica, “CADA PUEBLO TIENE LA JUSTICIA QUE SE MERECE”.